Lo que revela el conflicto entre ministros sobre los fondos de garantía bancaria
Los gobiernos nunca son monolíticos, en su interior siempre existen análisis y posiciones diversas e, incluso, contradictorias. Eso es normal y hasta sano. Lo que no es normal ni sano es que esas divergencias no se resuelvan al interior mismo del gabinete antes de que el gobierno le proponga al país – o al Congreso – determinada política pública. No puede ser que, en temas estratégicos y de cara al país, el gobierno tenga y promueva públicamente más de una posición y, mucho menos, posiciones contradictorias.
No puede ser, digo... pero eso es exactamente lo que está ocurriendo en estos días con el proyecto de ley para crear un seguro de depósitos bancarios, proyecto que no solo es importante para el ingreso de Costa Rica a la OCDE sino, y sobre todo, para garantizar la seguridad de los ahorrantes que depositan su dinero en nuestros bancos comerciales, sean públicos o privados. ¿Qué está pasando? Que el gobierno no tiene una, sino DOS posiciones opuestas sobre esto y, en lugar de enfrentar y resolver el dilema, se lo endilga a los diputados y al país.
¿En qué consiste el dilema? Como punto de partida, parece haber acuerdo bastante general en el país, en el sentido de que es de la mayor importancia que contemos con un seguro o fondo de garantía que proteja, al menos hasta cierto monto, los depósitos bancarios de los ahorrantes. La propuesta para crear este seguro tiene más de diez años de estar planteada en el Congreso aunque, hasta ahora, sin avanzar mayor cosa. Pero si bien hay acuerdo en la necesidad de esta protección a los ahorrantes, la discrepancia ha surgido respecto al tratamiento – igual o diferenciado – que se le dé a la protección de los ahorrantes en la banca pública y en la banca privada.
El gobierno (bueno, una parte del gobierno, liderada por Víctor Morales, ministro de la presidencia) presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley 21.657 en el que se crea este fondo de garantía, pero el proyecto establece que la protección y el financiamiento del fondo deberán referirse y recaer solamente sobre la banca privada, dejando por fuera a la banca estatal. El argumento de esta fracción del gobierno es que la banca pública ya está protegida en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que crea un fondo de garantía para ese tipo de entidades públicas. El problema, sin embargo – dice la otra fracción del gobierno – es que en esa Ley Orgánica no se define de dónde deben salir los recursos para ese fondo de protección a los ahorros depositados en los bancos estatales. Ciertamente, esos depósitos están protegidos por la ley pero, como ocurrió con las crisis del Banco Anglo y con el Banco de Crédito Agrícola de Cartago, los fondos tuvieron que ser aportados por el Ministerio de Hacienda, ya que no había ningún fondo creado por ley con el objetivo de financiar tal eventualidad.
Esto hace que tenga sentido la posición discordante de Dyalá Jiménez, la ministra de Comercio Exterior quien, además, es la ministra encargada de coordinar el proceso de incorporación del país a la OCDE. De acuerdo con la ministra, la mejor forma de que esta reforma legal garantice la protección de los ahorrantes en los bancos estatales, sin trasladar esa garantía a los contribuyentes fiscales, sería que el financiamiento del seguro o fondo de garantía también cubriera los depósitos de la banca estatal y, para ello, que recibiera el aporte por parte de los bancos estatales. La ministra afirmó frente a los diputados de la Comisión que analiza el proyecto de Ley 21.657, que ella no lo firmó y que no lo apoya. Más aún, dijo que prefiere alguna de las otras versiones que habían recibido el aval de un buen número de congresistas, antes que la versión propuesta por el gobierno del que ella forma parte.
Independientemente de que nos parezca bien la propuesta liderada por el ministro de la Presidencia o la posición contraria sostenida por la ministra de Comercio Exterior, lo que no nos puede parecer bien, lo que no está bien... es que el Poder Ejecutivo no sea capaz de tener esta discusión a lo interno, valorar los argumentos contrapuestos, resolver el dilema de la forma que consideren más conveniente para el país y presenten ante la sociedad y el parlamento una propuesta única de gobierno. Esa es la tarea, esa es la responsabilidad del gobierno. Eso es lo que significa ser gobierno. No puede ser que el gobierno le diga al país: vean, hay que asegurar los depósitos en los bancos, pero no sabemos si es mejor así, o si es mejor asá... así que mejor decidan ustedes, porque nosotros estamos peleados en esto. Disculpen, pero no se vale. El gobierno debe gobernar.
Me queda solo una pregunta: en todo esto ¿dónde está el presidente?
LEONARDO GARNIER
@leogarnier